Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en lucha (Izquierda Socialista e independientes)

“Siempre hubo incendios”, digámoslo de entrada, antes de que lo acote algún libertario. “Cuando gobernaba el peronismo también hubo incendios en esa zona”, plantearían seguramente con “lucidez” e insistencia. Todo cierto, aclarado esto, precisemos.

La Patagonia argentina atravesó las últimas semanas una dramática ola de calor, que ahora tiene otro capítulo en el centro del país. Y a pesar de que el Milei siga insistiendo (tal como lo hizo recientemente en Davos) el calentamiento global provocado por la emisión de gases de efecto invernadero es un “invento del socialismo”, existe un abrumador consenso científico sobre su existencia, y respecto de que una de sus consecuencias es que estas olas de calor sean cada vez más frecuentes y brutales.

La “necesidad” y la “urgencia”, las “bases” para una política de Estado que haga frente a esa realidad debería ser volcar masivamente recursos económicos a la mitigación y adaptación, y fortalecer la muy débil legislación ambiental vigente. Así como también, garantizar plenos derechos laborales y herramientas a quienes trabajan en la protección de los territorios, como ser quienes combaten desde la primera línea al fuego. Digámoslo también, antes de que sea aportado por un libertario, todas cosas que los gobiernos precedentes no hicieron.

Es en este contexto que más de 2.500 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces ardieron desde el 25 de enero al día de hoy. El incendio fue precedido por un Decreto de Necesidad y Urgencia que (entre un caudal de reformas regresivas) atentó contra la planta laboral de Parques Nacionales, contra el plantel 2.300 personas que resguarda 5,3 millones de hectáreas protegidas (Fuente: AnRed).

La “Ley ómnibus”, hasta su versión conocida al comienzo de la sesión en el Congreso, por otra parte, amenaza al Fondo Nacional para la Preservación de los Bosques Nativos al desfinanciarlo, habilita mayores extensiones completamente “liberadas” de restricciones para la tala indiscriminada, facilita la autorización gubernamental para la quema de territorios, y deroga la Ley que prohibía por sesenta años el cambio del uso del suelo de las zonas habitualmente sacrificadas por el agronegocio y la especulación inmobiliaria (bosques, humedales). El fuego como política de Estado.

Existe, señalemos también, otra continuidad. Ignacio Torres (PRO) salió como gobernador de Chubut a hacer lo que antes habían hecho Arabela Carreras de Río Negro, Patricia Bullrich, y Aníbal Fernández durante el gobierno peronista del Frente de Todos. Esto es: hablar del fantasma de la RAM y atacar a la comunidad Mapuche tratando de incriminar sin ninguna evidencia con un discurso de pura estigmatización que busca justificar la represión y ocultar los verdaderos intereses ocultos detrás de las llamas.

“El Pueblo Mapuche-Tehuelche no quema los bosques, los protege y vive en armonía con ellos” señalaron representantes de las comunidades en respuesta. Quien no puede afirmar tener esta misma relación con los ecosistemas patagónicos es el pirata y confeso corrupto en la justicia estadounidense, Joe Lewis quien tiene en desarrollo negociados inmobiliarios e hidroeléctricos en zonas lindantes a los incendios. Pero así como todos los gobiernos previos no lo hicieron, este que quiere habilitar la venta de tierra a multimillonarios extranjeros a mansalva, menos aún va a apuntar hacia su responsabilidad.

A miles de kilómetros, en el Congreso de la Nación, si bien las crónicas periodísticas dan cuenta de que “el capítulo ambiental” no fue el centro de las negociaciones para el tratamiento de la Ley Ómnibus, algo lógico si pensamos en los intereses extractivistas del peronismo hoy en la oposición patronal, si salta como un dato significativo como el gobierno retrocedió en puntos como el fiscal, pero siguió aferrado a la modificación de la “ley de glaciares” para beneplácito de la megaminería. Las “bases y puntos de partida” que propone Milei, tienen mucho de adn menemista y muy poco de novedosas. De allí también que aparezcan incluso diputados peronistas que dicen que rechazaron “en general” la “Ley ómnibus”, pero que acompañarán con el voto positivo el desguace de la protección a los glaciares.

Del fuego en Los Alerces a la motosierra sobre la legislación ambiental, y en medio de las olas de calor, queda claro cuál es el panorama que nos depara un gobierno que además pretende hacerse el poder de legislar por decreto y de prohibir la protesta social.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista entendemos que la tarea del momento es ganar las calles y garantizar la máxima unidad en todo el país para frenarlo.

Escribe Guido Poletti

Cuando Milei ganó las elecciones, el multimillonario Elon Musk le envió un mensaje de saludo. Todo un guiño para empezar sus negocios en la Argentina.

El presidente ultraderechista le respondió nombrándolo personalmente en su discurso cuando anunció el DNU. Ahí mencionó particularmente a Starlink. Traducido: como Arsat figura como empresa a ser privatizada ahí está el negocio redondo para que Musk se quede con el negocio satelital.

A eso se suma, por supuesto, el interés del dueño de Tesla con el negocio del litio, vital para sus automóviles eléctricos. Que el gobierno de Milei se dispone a allanar, pasando por encima de los intereses de las poblaciones locales y de la protección del ambiente.

Una más de los tantos proyectos de saqueo que incluye el plan motosierra del presidente de La Libertad Avanza.

Escribe Nicolás Nuñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

Tanto en el DNU como en el proyecto de ley ómnibus, el gobierno del ultraderechista MIlei también lanza un auténtico plan de guerra contra el ambiente, a favor del saqueo capitalista.

A contramano de su habitual discurso que niega los efectos negativos de la producción capitalista sobre los ecosistemas, Javier Milei tuvo que embarcarse hacia la Antártida para dar cumplimiento a un convenio suscrito entre el país y la Agencia Internacional de Energía Atómica en pos de un plan que busca avanzar en el control de la presencia de microplásticos en la región. Tal como lo hizo al recibir a la responsable de energía y al embajador del gobierno yanqui, el presidente se encarga de cubrir ciertas apariencias “ecologistas” que hoy en día le exige el propio imperialismo, en pos de que no le sean reducidos los canales de endeudamiento externo proveniente de iniciativas “verdes”. Mientras tanto, puertas adentro, el DNU y la “Ley Omnibus” dan cuenta de un plan de salto en calidad de la depredación ambiental en nuestro país.

Desmantelar la legislación existente

Entre el conjunto de los ataques a la clase trabajadora y los sectores populares en pos de las ganancias de las multinacionales y grandes empresas que co-redactaron el DNU y el proyecto de ley, se incluyeron también modificaciones sustanciales a la legislación ambiental vigente. El decreto presidencial manifestó la “necesidad” de modificar el ya nefasto menemista “código minero”, para que las empresas dejen de tener obligación de informar cómo y qué explotan, y a su vez, la “urgencia” de dar de baja canones que debían pagar. La “casta” extractivista está de fiesta con Milei.
A su vez, el proyecto de ley macro del gobierno libertario incorporó:

-La modificación de la “Ley de Quemas” (26.562)  para facilitar el incendio de territorios en pos de la modificación del uso del suelo;
-Cambio en la “Ley de Bosques” (26.331) de manera de que el 80% del bosque nativo argentino, unas 42 millones de hectáreas, pierda distintos tipos de protección o exigencia de estudios de impacto ambiental previos a que avance la tala o destrucción total;
-Elimina a su vez, y de paso, la necesidad de garantizar la participación de las comunidades originarias involucradas en los territorios, y también, el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos, dejando a discreción de Javier Milei la definición del total de montos destinados a tal fin;  
-Interviene la “Ley de Glaciares” (26.639) a fines de habilitar la explotación en zonas “periglaciares” que circundan los glaciares y son vitales para su subsistencia;
-Modifica el régimen de pesca a fines de favorecer la depredación de las multinacionales del “comunismo” chino contra el que Milei sarasea en particular.
-En nombre del “acuerdo de París” y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsa cero políticas de reducción de emisiones, y en cambio promueve el desarrollo de “mercados de emisiones” en los que las empresas pagan por contaminar más. Esto mercantiliza la problemática del calentamiento global sin suponer ningún tipo de reducción real de la contaminación.

Hecho este repaso, desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista, igualmente señalamos que no debemos entrar en ninguna discusión leguleya o meramente ambiental al plantarnos frente al DNU y la Ley Ómnibus. Por el contrario, al movimiento socioambiental le caben “las mismas ante la ley” que al conjunto de los sectores en lucha: hay que frenar el intento de Milei de otorgarse superpoderes para cerrar el Congreso y prohibir la protesta social. En última instancia, nunca fueron las muy limitadas leyes existentes las que protegieron los territorios, sino les trabajadores, las comunidades, asambleas y organizaciones socioambientales que salieron a las calles para enfrentar los planes extractivistas de todos los gobiernos.

Escribe Nicolás Núñez, referente de Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista/FIT Unidad)

La nueva Conferencia anual de las Partes, que reúne a los gobiernos de la casi totalidad de los países del mundo para discutir sobre compromisos ante el calentamiento global, se dio cita en Emiratos Árabes, un país esencialmente petrolero. Allí fueron justamente las multisectoriales del sector de los combustibles fósiles las que terminaron haciendo pesar sus intereses.

El 2023 será el año más caluroso jamás registrado, probablemente el más caluroso desde que existe la historia de la humanidad como tal. El impacto de fenómenos estacionales planetarios (cíclicos) como “El Niño”, si bien en nuestro país generan un mayor caudal de lluvias (como las que vimos las últimas semanas), a nivel mundial impactan tirando hacia arriba la temperatura, y se combina con el propio proceso de calentamiento global fruto de la acumulación de gases de efecto invernadero (GEI). Contaminación generada, centralmente, por la quema de petróleo, gas y carbón para sostener la anarquía de la producción capitalista mundial y la búsqueda de ganancias de las multinacionales.

Así, al primero de diciembre la temperatura global promedio del año se estaba ubicando en 1,46° por encima de la temperatura preindustrial. Al terminar de incorporar los registros de diciembre, se estaría llegando en torno al 1,5° (al menos para el registro del 2023). La cifra es significativa dado que la COP de París de 2015 se había puesto como meta no transgredir ese grado y medio debido a la gravedad e incertidumbre que desataría de cara a fenómenos planetarios de todo tipo (sequías, inundaciones, tormentas, olas de calor, deshielo, aparición de nuevas enfermedades, etcétera). De allí que “estamos viviendo el colapso climático en tiempo real”, haya sido la sentencia con la que el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, abrió la COP28.

En 2015 se estimaba que, de no tomar medidas al respecto, el 1,5° sería transgredido sin vuelta atrás en 2045. Sin embargo, a pesar de los acuerdo firmados, la COP28 inició ocho años después con un informe de Copernicus (el sistema meteorológico de la Unión Europea) que daba cuenta que las escasas reducciones de gases de efecto invernadero y fenómenos climáticos extremos de los últimos años (como ser incendios masivos que agregan todavía más GEI a la atmósfera), habían hecho que de 2045 la fecha estimada de transgresión del 1,5° se adelante a 2034. Otro informe, del Global Carbon Budget (presupuesto global de carbono), señalaba de forma complementaria que hay un 50% de chances de que sea antes de 2030.

En conclusión: todos los pronósticos respecto de la gravedad de la crisis climáticas difundidos por el imperialismo en la última década han resultado ser demasiado optimistas y la dinámica de la crisis es mucho más grave de lo esperado. Las medidas requeridas entonces para hacer frente a la catástrofe que nos amenaza resultan hoy mucho más drásticas que las que hubiesen sido necesarias en caso de haber avanzado hace diez o veinte años en la descarbonización de la economía mundial. El problema es que esas medidas se han enfrentado a un enemigo poderosísimo: las petroleras y sus gobiernos patronales.

COP28: el anfitrión pone las reglas

El sultán, Al Jaber, ministro de Industria y cabecilla de la empresa petrolera estatal de los Emiratos Árabes, fue designado como mandamás de la nueva conferencia climática. Desde esa posición, actuó con el acompañamiento de distintos gobiernos patronales(desde Estados Unidos hasta Bolivia) y los negociadores de las multinacionales. El sultán, contra el abrumador consenso al respecto, se encargó de decir que no hay evidencia científica que avale el reclamo del fin de la quema de combustibles fósiles. Y en ese punto centralmente se trabaron las negociaciones, según trasciende al momento de cerrar estas líneas. No habría consenso en incorporar en el documento final la recomendación de avanzar hacia la “eliminación de los combustibles fósiles” que reclaman la ciencia y el activismo climático en todo el planeta.

De hecho, no había generado mayor resistencia al inicio de la conferencia la aprobación del “fondo de pérdidas y daños” para hacer frente a las consecuencias del calentamiento global. Ahora bien, dicho “fondo” es de una pobreza absoluta. Amnistía Internacional señaló que los ingresos declarados (700 millones de dólares) solo alcanzarían al 2,6% del total de los costos económicos del huracán “Otis” que viene de golpear las costas de Acapulco, en México. Todo eso mientras se calcula en 7 billones de dólares los subsidios de estos mismos gobiernos a la industria petrolera.

Por otro lado, de la COP28 emergería un compromiso de un centenar de países de triplicar las energías renovables para 2030. Dicha promesa nada precisa respecto del saqueo extractivista de litio y minerales diversos requeridos para esa “transición”, y sus consecuencias ambientales.

Sea cual sea el resultado del documento final de la COP28, está claro que combatir el calentamiento global no puede hacerse sin ir a fondo contra el bloque de las multinacionales, petroleras, automotrices y el capital financiero que siguen apostando a sostener sus ganancias. El acceso a la energía debe dejar de ser un negocio para que el planeta siga siendo habitable. Estatizar los recursos energéticos y minerales para ponerlos al servicio de una transición energética dirigida por la clase trabajadora y los sectores populares, es el freno de mano requerido ante el dramatismo que va tomando la crisis climática. En última instancia, la disyuntiva no es solo “las petroleras o el planeta”, sino más bien “Socialismo o catástrofe”.

Un tweet del embajador yanqui Marc Stanley bastó para poner un freno momentáneo a los discursos de Javier Milei afirmando que “el calentamiento global era un invento del socialismo”. Es que el representante del gobierno imperialista de Joe Biden lo invitaba a trabajar juntos en la “lucha contra el cambio climático”. El FMI reforzó el mensaje, al proponerle prestar 1.000 millones de dólares para medidas de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Y el remate de todo fue que la única representante enviada por Estados Unidos a la asunción del libertario negacionista fue la secretaria de Energía yanky, Jennifer Granholm, cuya comitiva alegó viajar para fortalecer el trabajo en “energías limpias”. Es decir: nos siguen endeudando y vienen por el saqueo del litio con el cuento de que están combatiendo el calentamiento global.

Todo esto hizo que a las apuradas, y ya promediando la COP28, el nuevo gobierno de La Libertad Avanza haya enviado a la diplomática Marcia Levaggi a prometer que Argentina no abandonaría ninguna de las pautas a las que se había comprometido previamente, y que seguiría respetando lo acordado en el Acuerdo de París. Consultada por la prensa, y ya en Dubai, tuvo que afirmar “el calentamiento global es real” y que “necesitamos financiamiento para la adaptación”.

Por otro lado, el ministerio de Ambiente fue reducido a subsecretaría y fragmentado en sus funciones que serán compartidas ahora con Agricultura y Energía, de forma de dejar claro que la prioridad la tendrá el negocio extractivista y no la protección de los ecosistemas. Si faltaba una duda, la responsable del área sería Ana Lamas, cuyo currículum incluye haber sido funcionaria de la gestión de María Julia Alsogaray durante el gobierno peronista de Menem.

Milei podrá dejar en pausa su negacionismo climático, cosa que incluso podría cambiar si el también negacionista, Donald Trump, volviera a la presidencia yanky. Pero dos cosas están claras: por un lado, que intentará avanzar con la depredación ambiental y la privatización de los bienes comunes al servicio de las empresas, y por otro, que el movimiento socioambiental estará en las calles para enfrentarlo.